La inclusión social plantea un reto importante para los países de América Latina y el Caribe, arraigado profundamente en factores estructurales e históricos. Los altos niveles de pobreza, la desigualdad persistente y la informalidad generalizada perduran a lo largo del ciclo de vida de las personas y se transmiten de generación en generación. Además, algunos grupos sociodemográficos quedan especialmente rezagados. Para que las políticas sociales estén bien diseñadas, es esencial adoptar un enfoque de gobierno integral y de ciclo de vida que no sólo tenga en cuenta las características socioeconómicas de las distintas partes interesadas. Empoderar a las mujeres y revisar la inclusión productiva son pasos cruciales para promover tanto la inclusión social como la de género, rompiendo en última instancia el ciclo intergeneracional de la pobreza y reduciendo la desigualdad. Este enfoque integrado también puede fomentar una dinámica de refuerzo mutuo entre el crecimiento económico y la inclusión social.

En América Latina y el Caribe, las disparidades en los resultados educativos suponen un importante obstáculo para la movilidad social. Los recientes resultados de la prueba PISA en la región revelan marcadas diferencias en el rendimiento de los alumnos, lo que pone de relieve tanto la urgencia como el potencial de las reformas. Estas disparidades reflejan a menudo desigualdades socioeconómicas más amplias, y abordarlas es crucial para garantizar que la educación sirva de verdadero motor de la igualdad. Las disparidades de género complican aún más el panorama, con diferencias de acceso y resultados entre niños y niñas, y una fuerte segregación en la elección de carreras. Las niñas tienden a elegir carreras con menos oportunidades y salarios más bajos en el mercado laboral. Esto sugiere la necesidad de estrategias específicas para garantizar la igualdad de género en las oportunidades educativas. Centrándose en estas cuestiones, se pueden realizar esfuerzos para crear un sistema educativo más inclusivo y eficaz que dote a todos los jóvenes de las competencias necesarias para lograr la movilidad social y unas sociedades más equitativas y justas.

Mejorar la calidad del empleo y promover la formalización son ingredientes fundamentales para mejorar el bienestar de los trabajadores. Dado que más del 40% de los hogares de la región de ALC dependen plenamente del empleo informal, es crucial analizar de cerca las características del trabajo informal. La economía popular, a menudo marcada por el empleo informal y las pequeñas empresas, es vital para muchas comunidades de la región de ALC. Sin embargo, el trabajo informal plantea retos considerables para los trabajadores y las personas a su cargo, como la volatilidad de los ingresos, la vulnerabilidad social y económica y la falta de acceso a la protección social. Analizar la economía popular implica comprender las circunstancias y necesidades diversas y específicas de los trabajadores informales y sus hogares. De hecho, la composición de un hogar en términos de trabajadores formales o informales y su impacto en los miembros dependientes del hogar es clave para el diseño de mecanismos de protección social. Los enfoques adaptados que tienen en cuenta estos contextos pueden conducir a acciones políticas más eficaces para mejorar las condiciones de vida.

El éxito de la participación de los jóvenes en el mercado laboral y en la sociedad es crucial no sólo para sus propias perspectivas económicas personales y su bienestar, sino también para el crecimiento económico general y la cohesión social. A través de unas políticas adecuadas en materia de cualificaciones, empleo, asuntos sociales y otras políticas más amplias, los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar su potencial y mantener la confianza en sus perspectivas de futuro. Esta sesión explorará cómo las transiciones digital y verde pueden crear empleos de calidad y oportunidades equitativas para los jóvenes, promoviendo así el crecimiento económico inclusivo y la cohesión social en América Latina y el Caribe.

A pesar de décadas de aplicación de programas sociales innovadores, la movilidad social sigue estancada en América Latina y el Caribe. La movilidad social, definida como el cambio en la situación socioeconómica de un individuo en comparación con la de sus padres (movilidad intergeneracional) o dentro de su vida (movilidad intrageneracional), está estrechamente vinculada a la igualdad de oportunidades. Esto implica garantizar que los individuos tengan las mismas oportunidades de triunfar en la vida, independientemente de factores como el origen socioeconómico de sus padres, el sexo, la raza, la etnia, el lugar de nacimiento u otras circunstancias incontrolables. La educación es el más importante igualador de oportunidades, y la región ha sido testigo de un aumento significativo del acceso en las últimas décadas. Sin embargo, esto no ha ido acompañado de mejoras en la calidad de la educación, sobre todo para las poblaciones desfavorecidas. Para hacer frente a esta disparidad es necesario centrarse en mejorar la calidad y el acceso a la educación, mejorar los sistemas de educación y formación profesional, aplicar políticas de inclusión de género, sobre todo en las oportunidades de empleo, y promover las carreras en los campos STEM. Además, se necesitan soluciones a medida para abordar los retos singulares a los que se enfrenta el creciente número de migrantes en la región, incluidas las barreras legales y la discriminación, que dificultan su movilidad social. Esta sesión ministerial pretende profundizar en estas estrategias y en otras destinadas a desmantelar barreras y fomentar la movilidad social de todas las personas de la región.

La inclusión social y productiva implica que todo tipo de personas, empresas y lugares tengan acceso a las oportunidades económicas y a la calidad de vida. En América Latina y el Caribe, las brechas entre las zonas urbanas y rurales son especialmente marcadas, mientras que dentro de las grandes áreas metropolitanas las desigualdades también son elevadas. La economía social y solidaria, arraigada localmente, puede ser pionera en nuevos modelos empresariales, proporcionar servicios esenciales, contribuir a una transición más justa, ecológica y digital, implicar a los jóvenes y construir comunidades. También puede ser un vehículo para reconocer y trabajar más eficazmente con la economía popular, implicar a los lugares desatendidos, ayudar a las personas en su camino hacia el empleo y la creación de empresas, y generar innovaciones sociales.

La informalidad es un fenómeno complejo y polifacético que afecta a muchos países de la región de ALC. La crisis de COVID-19 ha puesto aún más de relieve la importante vulnerabilidad de los trabajadores informales y la necesidad de protegerlos a ellos y a las personas a su cargo. A medida que los países de ALC intentan abordar los retos de la vulnerabilidad en la economía informal, es esencial tener en cuenta la diversidad de los trabajadores informales y los contextos de sus hogares. Entre las muchas raíces de la informalidad laboral -como el acceso limitado a una educación y formación de alta calidad, y un marco institucional y una aplicación débiles-, el diseño del sistema de protección social es un factor clave que puede merecer más atención de la que ha recibido. En esta sesión se debatirán alternativas para la expansión de la protección social y su financiación, desvinculándola del empleo en el sector formal con vistas a mejorar la formalización y lograr la cobertura universal.