La inclusión social plantea un reto importante para los países de América Latina y el Caribe, arraigado profundamente en factores estructurales e históricos. Los altos niveles de pobreza, la desigualdad persistente y la informalidad generalizada persisten a lo largo del ciclo vital de las personas y se transmiten de generación en generación. Además, algunos grupos sociodemográficos quedan especialmente rezagados. Para que las políticas sociales estén bien diseñadas, es esencial adoptar un enfoque de ciclo de vida y de todo el gobierno que no sólo tenga en cuenta las características socioeconómicas de las distintas partes interesadas. Empoderar a las mujeres y revisar la inclusión productiva son pasos cruciales para promover tanto la inclusión social como la de género, rompiendo en última instancia el ciclo intergeneracional de la pobreza y reduciendo la desigualdad. Este enfoque integrado también puede fomentar una dinámica de refuerzo mutuo entre el crecimiento económico y la inclusión social.

En América Latina y el Caribe, las disparidades en los resultados educativos, aunadas a las características particulares de sus economías que no generan las oportunidades de empleo esperadas, suponen un importante obstáculo para la movilidad social. Los recientes resultados del estudio PISA en la región revelan marcadas diferencias en el rendimiento de los alumnos, lo que pone de relieve tanto la urgencia de reformas educativas como la necesidad de que dichas reformas estén alineadas con políticas económicas de largo plazo. Abordar estas disparidades implica no solo dotar a los jóvenes de competencias necesarias para mejorar su inserción en el mercado laboral, sino también garantizar que existan estructuras productivas transformadas que puedan absorber esa mano de obra calificada. Asimismo, las disparidades de género con diferencias de acceso y resultados entre niños y niñas, así como la segregación en la elección de carreras, refuerzan la necesidad de estrategias específicas para garantizar la igualdad de oportunidades. En conjunto, un enfoque que integre reformas educativas y políticas económicas estructurales permitirá crear un sistema más inclusivo y eficaz, fomentando sociedades más equitativas y justas.

Mejorar la calidad del empleo y promover la formalización son ingredientes fundamentales para mejorar el bienestar de los trabajadores. Adicionalmente, es igualmente importante reconocer a la economía popular como una oportunidad para fomentar colaboraciones innovadoras entre el Estado y asociaciones productivas de pequeña escala y focalizadas espacialmente a través de mecanismos como las asociaciones público-populares. Dado que más del 40% de los hogares de la región de ALC dependen plenamente del empleo informal, es crucial analizar de cerca las características socioeconómicas del trabajo informal y sus potenciales contribuciones. La economía popular, a menudo marcada por el empleo informal y las pequeñas empresas, es vital para muchas comunidades de la región y puede desempeñar un rol más protagónico frente al Estado. Ejemplos de esto son las alianzas para la provisión de bienes y servicios, a través de compras públicas, donde la economía popular se convierte en un actor clave. Estas estrategias no solo mejoran la calidad del empleo, sino que también empoderan a los trabajadores informales, mitigando retos como la volatilidad de los ingresos, la vulnerabilidad social y económica, y la falta de acceso a la protección social. Con enfoques adaptados que integren a la economía popular en alianzas más amplias con el sector público, y que promuevan la formalización, se pueden generar acciones políticas más eficaces para mejorar las condiciones de vida y fortalecer las estructuras productivas de la región.

El éxito de la participación de los jóvenes en el mercado laboral y en la sociedad es crucial no sólo para sus propias perspectivas económicas personales y su bienestar, sino también para el crecimiento económico general y la cohesión social. Las medidas en materia de cualificaciones, empleo y política social deben ofrecer a los jóvenes la oportunidad de desarrollar su potencial y mantener la confianza en su futuro. Esta sesión explorará cómo los gobiernos pueden promover oportunidades para los jóvenes en América Latina y el Caribe.

A pesar de décadas de aplicación de programas sociales innovadores, la movilidad social sigue estancada en América Latina y el Caribe. La movilidad social, definida como el cambio en la situación socioeconómica de un individuo en comparación con la de sus padres (movilidad intergeneracional) o dentro de su vida (movilidad intrageneracional), está estrechamente vinculada a la igualdad de oportunidades. Esto implica garantizar que los individuos tengan las mismas oportunidades de triunfar en la vida, independientemente de factores como el origen socioeconómico de sus padres, el sexo, la raza, la etnia, el lugar de nacimiento u otras circunstancias incontrolables. La educación ha sido históricamente el más importante igualador de oportunidades, y la región ha visto un aumento significativo del acceso educativo en las últimas décadas. Sin embargo, este acceso no ha ido acompañado de una mejora en la calidad, especialmente para las poblaciones desfavorecidas. Para abordar esta disparidad es crucial no solo mejorar la calidad y el acceso a la educación, sino también asegurar que las reformas educativas estén alineadas con políticas económicas de largo plazo que permitan conectar más eficazmente la oferta educativa con las necesidades del mercado laborar. La educación por sí sola no será suficiente si no se transforman también las estructuras productivas de la región, permitiendo a las economías generar empleos de calidad que absorban la creciente masa de trabajadores calificados. Mejorar los sistemas de educación y formación profesional, aplicar políticas de inclusión de género, en particular en las oportunidades de empleo, y promover las carreras en los campos STEM son pasos necesarios, pero deben integrarse con estrategias económicas que habiliten una conexión real entre educación y empleo. Además, las soluciones deben adaptarse a los retos singulares que enfrenta el creciente número de migrantes en la región, incluidas los desafíos legales y la discriminación, que limitan su movilidad social. Esta sesión ministerial se centrará en desmantelar barreras estructurales y fomentar la movilidad social para todas las personas de la región, con una visión integral que aborde tanto las reformas educativas como las transformaciones económicas necesarias.

La inclusión social y productiva implica que todo tipo de personas, empresas y lugares tengan acceso a oportunidades económicas y a una mejor calidad de vida. En América Latina y el Caribe, las brechas entre las zonas urbanas y rurales son particularmente marcadas, mientras que dentro de las grandes áreas metropolitanas las desigualdades también son elevadas. La economía social y solidaria arraigada localmente, no solo puede ser pionera en nuevos modelos empresariales y en la visión de servicios esenciales, sino que también representa una oportunidad para fortaleces la economía popular a través de alianzas con el Estado. Estas asociaciones público-populares permiten que las comunidades locales desempeñen un rol más importante en la provisión de bienes y servicios esenciales, como las compras públicas o la construcción de infraestructuras, incluidas las vías terciarias, creando así vías hacia una mayor inclusión económica. Al promover mecanismos colaborativos entre el sector público y la economía popular, se pueden generar soluciones innovadoras que no solo ayuden a cerrar las brechas territoriales, sino que también empoderen a las personas en su camino hacia el empleo formal y la creación de empresas sostenibles. La economía social y solidaria puede ser clave para integrar a los sectores más desatendidos, especialmente en zonas rurales, enuna transición más justa, ecológica y digital, a la vez que involucra a los jóvenes y contribuye al fortalecimiento de las comunidades locales. Este enfoque colaborativo crea un entorno donde la economía popular no es solo vista como un sector vulnerable, sino como un actor crucial en la construcción de un tejido productivo más inclusivo y resiliente.

La informalidad es un fenómeno complejo y polifacético que afecta a muchos países de la región de ALC. La crisis de COVID-19 ha evidenciado la gran vulnerabilidad de los trabajadores informales y la necesidad de protegerlos a ellos y a sus familias. Aunque tradicionalmente se ha vinculado la formalización laboral con el acceso a la protección social, este enfoque ha mostrado sus límites y está siendo reconsiderado. En lugar de depender exclusivamente del empleo formal como habilitador de la protección social, se están explorando alternativas que permitan la expansión de la cobertura social para todos, independientemente de su situación laboral. Esto implica diseñar sistemas de protección social que no estén ligados únicamente al trabajo formal, sino que ofrezcan acceso universal y mecanismos más inclusivos capaces de proteger a los trabajadores en todas sus formas. Entre los factores que contribuyen a la informalidad –como el acceso limitado a una educación y formación de alta calidad, o un marco institucional débil–, el diseño de sistemas de protección social más inclusivos puede ser clave para reducir las vulnerabilidades estructurales. En esta sesión se discutirán estrategias innovadoras para financiar y ampliar la protección social, con vistas a mejorar la formalización sin que ésta sea un requisito para el acceso a dicha protección.